La Cámara de Diputados de Perú aprobó la noche del martes un proyecto de ley que permite a la presidenta derechista Keiko Fujimori legislar contra el crimen organizado, sin pasar por el Congreso, para combatir la ola de inseguridad en el país.
Con 34 millones de habitantes, Perú atraviesa por su peor crisis de seguridad desde el fin del conflicto armado interno (1980-2000).
La versión aprobada del proyecto le autoriza a cambiar los mecanismos para investigar y combatir a la criminalidad organizada, endurecer el régimen penitenciario y el control migratorio.
Sin embargo, los diputados retiraron algunas medidas controvertidas del pedido original del gobierno, como declarar terroristas a los grupos criminales o dar mayor protección a quienes usen la legítima defensa.
Tras pasar su obstáculo más difícil en la cámara baja, la medida tendrá que aprobarse en el Senado, donde las fuerzas de derecha están mejor organizadas que la oposición.
El proyecto se aprobó con 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones, tras una maratónica sesión del Pleno que se prolongó por más de 10 horas.
"De conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Cámara de Diputados, la propuesta aprobada será enviada al Senado", anunció la cámara baja.
El dictamen aprobado es una versión consensuada entre las bancadas de izquierda y derecha, que obtuvo el respaldo de parte del oficialismo.
Fujimori solicitó legislar también en otras áreas, como reforma del Estado y medidas laborales, pero los diputados redujeron su propuesta.
Solo podrá emitir normas en dos ejes: la seguridad ciudadana y las acciones para hacer frente al fenómeno climático El Niño, que podría ser el más intenso jamás registrado, según científicos.
Además, la fórmula de los diputados le autoriza a emitir decretos solo por 90 días en lugar de los 120 días que solicitó.
El proyecto de facultades legislativas había sido solicitado al Congreso a fines de agosto.
Desde entonces, Fujimori enfatizó la urgencia de aprobar ese pedido y criticó a la cámara por supuestos retrasos.
Los homicidios en el país pasaron de 1.000 en 2018 a 2.600 en 2025 y las denuncias por extorsión, de 3.200 a 26.500.
La hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) prometió durante la campaña que enfrentaría a la delincuencia con puño de hierro, como su fallecido padre, condenado por violaciones de derechos humanos.
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